La Agrupación de Periodistas de UGT (AgP-UGT) manifiesta su oposición a la decisión del Ejecutivo de reformar la Ley de Comunicación Audiovisual que podría permitir la externalización, privatización o el cierre de las radios y televisiones públicas autonómicas.
Este hecho puede acarrear tres efectos muy perniciosos: la pérdida de miles de puestos de trabajo (10.000 empleos directos más los trabajadores de las productoras, contratados por obra u otros trabajadores que prestan sus servicios profesionales en las radios y televisiones autonómicas); la pérdida de pluralidad informativa en España, con lo que esto significa de perjuicio para la calidad democrática de nuestro país, y destruir el espíritu para el que fueron creadas que no es otro que el de la vertebración y promoción -ya sea a través del idioma, la cultura y la información propia- de las Comunidades Autónomas.
La AGP-UGT considera imprescindible que las radios y televisiones autonómicas mantengan el carácter de empresas públicas y sirvan para que los ciudadanos de dichos territorios tengan una información veraz, plural y democrática.
Desde la AGP-UGT queremos unos entes públicos que estén bien dotados económicamente, que tengan plantillas de trabajadores fijos, que hagan producción propia, que no externalicen los servicios informativos y que sus directores generales sean elegidos por mayoría cualificada por los parlamentos autonómicos. Entendemos que las radios y televisiones públicas tienen que estar al servicio de los ciudadanos y no de intereses políticos partidistas como, por desgracia, ocurre en algunas de ellas.