Las patronales ASPA, ANEPA y ASPREM hacen gala de su avaricia y desprecian la posibilidad de un preacuerdo en la negociación del II Convenio Colectivo de los Servicios de Prevención tras una jornada negociadora maratoniana de más de 10 horas.
El pasado día 5 de Julio se celebró la última de las reuniones de la Comisión Negociadora acordadas con los mediadores del SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje).
La jornada comenzaba sobre las 9,30 de la mañana y a mediodía la posibilidad de un preacuerdo se encontraba francamente cerca, sin embargo, las fuertes e irreconciliables diferencias entre las tres patronales, que hacían que ninguna renunciara a rebajar sus pretensiones, fueron diluyendo la posibilidad de formalizar un preacuerdo, que finalmente resultó imposible a la caída de la tarde.
A juicio de FeS-UGT y Comfia-CCOO, las organizaciones empresariales han afrontado esta negociación sin el más mínimo interés por conseguir un acuerdo, con reivindicaciones disparatadas que sabían imposibles y que, además, han mantenido casi hasta el final. Su equipo negociador, tampoco destacaba por su experiencia y capacidad técnica, lo que, sin duda, ha complicado aún más todo el proceso.
A esto, hay que unir que alguna de las patronales ha considerado siempre que obtendría una posición más ventajosa si dejaba transcurrir el tiempo, y que las organizaciones sindicales aceptaríamos cualquier cosa cuanto más cerca estuviera el día 8 de Julio, fecha en la que se cumplen los 12 meses de la entrada en vigor de la modificación del periodo de “ultraactividad” por la Reforma Laboral del actual Gobierno. La realidad ha demostrado su grave error.
Por lo tanto, desde Comfia-CCOO y FeS-UGT, lamentamos la falta de cintura negociadora de las patronales en esta mediación, que fue promovida ante el bloqueo de la negociación por la ausencia de propuestas empresariales y reconocemos el esfuerzo realizado por los mediadores en el proceso, que han conseguido acercar enormemente las posiciones de las partes.
Creemos que un acuerdo aún es posible e insistimos en la necesidad de continuar haciendo esfuerzos que puedan conducir a un pacto que dote de estabilidad a las plantillas y a las relaciones laborales del sector.
Pero, desde FeS-UGT y Comfia-CCOO queremos dejar claro a todas las personas que desarrollan su actividad profesional en este sector que si algún empresario, aludiendo al fin del periodo de “ultraactividad”, insistiera en dejar de aplicar las condiciones laborales y salariales del actual Convenio Colectivo Sectorial de Servicios de Prevención Ajenos, se encontrará con la férrea respuesta de las organizaciones sindicales CCOO y UGT.
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
- La nueva redacción del art. 86.3 ET es disponible y sólo se aplica si las partes no han dispuesto otra cosa. Nuestro convenio tiene pacto expreso en contrario, y por lo tanto, sigue vigente hasta no ser sustituido por la firma de otro. Al respecto, hemos de tener presente lo que dispone el artículo 4 del actual Convenio, en su segundo párrafo: “Denunciado el Convenio y hasta que no se logre acuerdo expreso, a los efectos previstos en el art. 86.3 y 4 del Estatuto de los Trabajadores, se entenderá que se mantiene la vigencia de su contenido normativo en los términos que se desprenden de su propia regulación”.
- Emplazaremos a las patronales a seguir negociando, intensificar y actuar para finalizar lo antes posible y en caso de bloqueo seguir acudiendo a los sistemas autónomos de solución de conflictos.
- Informar y asesorar a las plantillas de las empresas afectadas. Si los empresarios comunican expresamente la no aplicación del convenio, plantearemos conflictos colectivos, como primer paso a las reclamaciones individuales de los trabajadores para que sus derechos consolidados en el convenio pasen a formar parte de sus contratos individuales.
- Comenzaremos una campaña de exigencia rigurosa en el cumplimiento del Reglamento de los Servicios de Prevención y su normativa de desarrollo, en materia de recursos humanos y técnicos.
- Ante la negativa de las patronales a negociar, la inseguridad sobre los derechos de los trabajadores y la conflictividad que puede adquirir dimensiones impredecibles, exigiremos al Gobierno que restablezca el equilibrio entre las partes y en consecuencia reconsidere la redacción que se le ha dado al citado art. 86.3 del ET.