No diga externalizaciones, diga saqueo y/o pillaje. Es lo que a juicio de FeS-UGT Madrid significa el proceso de privatización a la carrera que está sufriendo el Ente Público Radio Televisión Madrid desde la ejecución el ERE, no ajustado a derecho, en enero de 2013 que provocó el injusto despido de 861 trabajadores de la cadena –todavía- pública madrileña.
El EPRTVM es para FeS-UGT Madrid, el paradigma de lo que el Gobierno de Ignacio González está aplicando en todo el sector público. Desde la educación a la sanidad pasando por los servicios sociales o la vivienda.
El último ejemplo en el EPRTVM es la reciente convocatoria de un concurso para la contratación del “servicio de provisión de una plataforma para la elaboración de contenidos audiovisuales de forma automatizada”, por un importe de 6 millones de euros (IVA incluido) a razón de millón y medio de euros durante 4 años.
La implantación de este servicio supone desmontar el sistema de videoservidor con el que Telemadrid fue pionera y que ha demostrado que funciona perfectamente y que podría seguir funcionando igual de bien durante mucho tiempo más. No hay más justificación aquí para este gasto que el facilitar negocios privados a costa del presupuesto público.
A esta externalización hay que unir la aprobada hace sólo unos días de la gestión de la señal de la cadena (8 millones de euros anuales para TBS, filial de Telefónica) o la privatización de la parrilla de programación a manos de “Cuarzo” (Ana Rosa Quintana) o “Boomerang (Enrique Cerezo). Una repentina lluvia de millones públicos que demuestran que las razones económicas en que se basó el ERE del EPRTVM no eran tales.
Desde FeS-UGT Madrid reiteramos nuestra exigencia al Gobierno de Ignacio González y la dirección del EPRTVM de readmisión de los despedidos en el ERE (tal y como faculta la sentencia del Tribunal Supremo) y la utilización de los medios y recursos propios de esta cadena, recursos que son una inversión de todos los madrileños y madrileñas, en aras de la racionalización del gasto y la correcta prestación de un servicio público fundamental.