FeS-UGT sigue defendiendo lo firmado y la aplicación de la legalidad vigente. Llevamos años denunciando la indefinición a la que nos tienen sometidos los diferentes Gobiernos a los trabajadores del sector mutuas. Esta indefinición, está ocasionando no solo un grave perjuicio para los bolsillos de los empleados del sector, sino también, y relacionado con lo anterior, una cada vez peor prestación de servicios por parte de estas entidades como consecuencia del profundo (y lógico) desanimo que ha calado en el personal contratado. Esta situación no se puede mantener por mucho tiempo.
Considerando que la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (20.000 trabajadores) son las entidades responsables de asumir las consecuencias de los accidentes de trabajo resulta inevitable el establecer una relación entre estas y la prevención de riesgos laborales.
Es práctica habitual de este país elaborar marcos ideales de actuación, casi utópicos, así como actuaciones ideales. En este sentido, y dado el impacto negativo que la mera existencia de accidentes de trabajo tienen en las cuentas de las Mutuas, podríamos afirmar que para estas asociaciones de empresarios la situación ideal es que no existieran los mismos, es decir que pudieran en primer lugar trabajar para evitarlos.
Hasta el año 2000, fecha en que se empiezan a crear las Sociedades de Prevención de las Mutuas, las propias Mutuas contaban entre sus competencias con las de desarrollar la prevención de riesgos laborales y la vigilancia de la salud en sus empresas adheridas; en el año 2006 la legislación obligó a la total segregación de las Sociedades de Prevención constituyéndose éstas como empresas de carácter independiente propiedad de las Mutuas; en el año 2015 se obligó a las Mutuas a la venta de sus Sociedades de Prevención.
Llegados a este punto, en las Mutuas se sigue manteniendo cierta actividad preventiva mediante el desempeño de tareas asignadas por las Administraciones Central y Autonómicas, dependiendo el grueso de la actividad preventiva de empresas del sector privado de diferentes características.
Así pues, mientras que en el primer párrafo afirmábamos, desde un punto de vista lógico, que las mutuas deberían ser agentes de primer orden en lo que a prevención de riesgos laborales se refiere, en el segundo llegamos a la conclusión de que actualmente y merced a decisiones políticas las mutuas son sujetos sin apenas incidencia en este terreno.
Hemos pasado del marco de actuación ideal a la práctica real, errónea a todas luces para la FeS-UGT.
La realidad sectorial actual de la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social ha generado una división en su seno. Por un lado los empleados volcados en su día a día en resolver las consecuencias que sobre los trabajadores tienen los accidentes de trabajo, y por otro sus equipos directivos preocupados en exclusiva en ejecutar ciegamente órdenes para, de una parte no dar con sus huesos en la cárcel, y de otra no volver a nóminas de menos de 6 cifras. Órdenes procedentes de la Dirección de Ordenación de la Seguridad Social y de las respectivas Juntas Directivas. La primera obsesionada con limitar el gasto hasta extremos casi incompatibles con el desempeño de la actividad y las segundas ocupadas en quehaceres que, a tenor de lo que vamos conociendo mediante los diferentes medios de prensa y organismos oficiales (Auditoría de la Seguridad Social y Tribunal de Cuentas) poco tienen que ver ni con la prevención de riesgos laborales ni con la pronta y satisfactoria reincorporación de las personas accidentadas en el desempeño de su actividad laboral.
Esto no fue siempre así. En un pasado no muy lejano en el que en las mutuas convivían la excelencia en el cumplimiento de sus funciones con una descarnada (e ilegal) actividad comercial, en las mismas se desarrollaba una gran labor en materia de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud. Puede que la esencia de esta labor preventiva no fuese la prevención en sí, pero al menos existía.
En la actualidad la prevención de riesgos laborales se ve por parte del empresario como una carga económica más a asumir, así, las empresas dedicadas a esta actividad ofrecen como mayor atractivo para la prestación de sus servicios precios cada vez más bajos mediante los que apenas llegan para cubrir los gastos de explotación y obtener algún beneficio. El beneficio se obtiene mediante la precarización de los puestos de trabajo con plantillas por debajo de las necesidades de trabajo y salarios reducidos a su mínima expresión. Y todo esto se traduce finalmente en una mediocre prestación de servicios con graves consecuencias para la prevención de riesgos de trabajo.
Este año se cumplen 21 años de la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 21 años en los que la prevención ha tenido que ser impuesta por Ley.
En tanto en cuanto la prevención de riesgos laborales se vea como una obligación y no como una forma lógica, ética, responsable y rentable de desarrollar la actividad laboral, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales seguirán suponiendo una lacra social para los trabajadores.
En FeS-UGT nos comprometemos, como siempre, a seguir luchando por fomentar un cambio de marco regulador del sector de mutuas que clarifique de una vez por todas con todo este sinsentido legal.
Para más información, pueden ponerse en contacto con Tomás Beas (Mutuas), del Sector Estatal de Seguros y Oficinas, de FeS-UGT.